Asociación de Vendedores de Prensa

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó ayer el polémico proyecto que establece la derogación del Decreto 1025/00 que regula la distribución de diarios y revistas. La iniciativa aprobada por la comisión que encabeza el diputado moyanista Héctor Recalde considera a los dueños de quioscos de diarios y revistas como “trabajadores de la cultura “.El proyecto reivindica los contenidos de un decreto de 1945 (29.045) que dio origen al Estatuto del Canillita y para ello apunta contra el Decreto 1.025 del año 2000. De hecho, el decreto de 1945 no fue anulado por el 1.025 sino por una ley previa, la 24.307 de 1991.

Lo que estableció el decreto 1.025 desde hace nueve años es permitir la venta de diarios y revistas no sólo en los quioscos tradicionales, sino también en otros puntos de venta por fuera de los lugares adjudicados a los “canillitas”, por ejemplo en el interior de locales comerciales.

El proyecto lleva la firma de los legisladores kirchneristas Adela Segarra y Juan Manuel Irrazábal y establece “el carácter laboral” del vínculo que los propietarios de éstas paradas mantienen con las empresas editoras de diarios y revistas. Es por esa vía -a través del Ministerio de Trabajo- que el Gobierno procura así regular la distribución de la prensa escrita.

A la vez, el proyecto apunta a eliminar las vías alternativas de distribución vigentes desde hace nueve años mediante la creación de una Comisión Tripartita encargada de decidir los requisitos para poder vender diarios, revistas y afines. Esa comisión, según el proyecto, será integrada por “distribuidores, vendedores y empresas editoras”, con lo cual distribuidores y “canillitas” cuentan con mayoría para vetar el ingreso de otros competidores.

En sus fundamentos, el proyecto establece que el Decreto 1.025 fue “pauperizando” la actividad de los “canillitas”, como menciona sin distinción a los propietarios de los quioscos y paradas de diarios como a sus empleados. Y agrega que el decreto cuya derogación impulsa “dejó a los “canillitas” a merced de los grandes editores y distribuidores (…) con la nefasta consecuencia de concentración informativa y reducción al pluralismo”.

En ese sentido, el texto identifica a los editores de diarios y revistas con “monopolios” a los que “hay que poner límites”, una terminología que guarda un inequívoco paralelo con los argumentos del oficialismo en el reciente debate por la Ley de Medios Audiovisuales.

La iniciativa, si bien cuenta con despacho desde ayer, había sido presentada a principios de 2008 y fue oportunamente refutada por la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA). Entre otras cosas, AEDBA señaló: “Para nosotros los editores, la venta de diarios y revistas es fundamental (…) pero este respeto no convierte la labor de reventa de diarios (…) en trabajadores de la cultura”.

Los editores de diarios señalaron que en un momento en el que la industria de los medios está en crisis en todo el mundo, aquí se promueve una iniciativa que castiga al sector y va a contramano de políticas para este segmento en otros países.

“El artículo 4 pretende sujetar la libertad de comercio del editor a lo que resuelva una Comisión Tripartita a crearse (…) Es obvio que el editor, quien hace todo el esfuerzo intelectual, económico y publicitario para poner el diario en venta en la calle, deberá sujetarse a la voluntad de la mayoría de la comisión. Eso no solo es ilegal, sino inviable”, sostuvo la entidad.

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Por la  Web: 1

- - - Léelo con atención y publícalo, para que todo el mundo sepa lo que nos cuestan los políticos malos, que si fueran buenos…
 
 

A FALTADO INCLUIR A LA IMPRESENTABLE DE LEIRE PAJIN, QUE LA SUSODICHA TIENE TRES TRABAJOS RECONOCIDOS POR LOS QUE COBRA EN SU CONJUNTO MÁS DE 200.000 EUROS. DONDE ESTA LA ÉTICA,  SOBRE  TODO CON LA QUE ESTA CAYENDO. ¿POR QUÉ NO RENUNCIA A ALGUN CARGO PARA QUE CHUPE OTRO PROBRECITO POLITICO?  QUE ABARCADORA ES ESTE PERSONAJE (O SE DICE PERSONAJA) Y LO PEOR DE TODO, ES QUE SE GASTA MENOS EN PELUQUERO QUE FALETE EN GIMNASIO.

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Los Gobiernos de la Unión tendrán que reducir el déficit público retrasando la edad de jubilación y limitando el gasto en atención sanitaria. Así aparece en un documento interno que han discutido los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), reunidos en Gotemburgo (Suecia) este 1 y 2 de Octubre, y presentado por la Comisión Europea (CE) para medir las consecuencias de la crisis económica, según el diario europeo European Voice.  

A nivel nacional, algunos Estados ya se han puesto manos a la obra. Holanda, que está a punto de aprobar en el parlamento la subida de la edad de jubilación a los 67 años, considera que una medida de este tipo requiere un cambio sustancial de mentalidad en estos tiempos más proclives al despido laboral. De momento, el Ecofin que debatía ayer la posible retirada de los paquetes de estímulo introducidos para combatir la crisis económica, ha concluido -por falta de acuerdo- congelar la cuestión de la reducción del déficit hasta noviembre. Así, los ministros de Finanzas han preferido esperar a que se hagan públicas el próximo 3 de noviembre, las previsiones económicas de otoño que presentará la CE. 

El documento que ha discutido el Ecofin, basado en una proyección al 2020, menciona los casos sangrantes de Irlanda, Reino Unido y Letonia. En el informe hecho público por la CE el pasado mes de julio, “La crisis económica en Europa: causas, consecuencias y respuestas”, recoge que España, junto a los países anteriormente mencionados, son en los que se espera que el déficit aumente hasta los dos dígitos entre este año y el próximo. Este informe también menciona que estos periodos de aumento de la deuda suelen coincidir con el envejecimiento del gasto público, lo que afecta a las pensiones y al sistema sanitario. 

La CE ya hizo referencia el pasado mes de abril a las mismas medidas cuando publicó el Informe sobre el impacto del envejecimiento de la población sobre la economía de la Unión, poco después de que se desatase en España el debate sobre las pensiones. Bruselas estimaba entonces que España figura en el rango de países que salen peor parados al estudiar la evolución de sus finanzas públicas e insta a que tome medidas. Por tanto, se aconsejó la reforma del sistema sanitario y de pensiones, o el incremento de los ingresos. 

Evaluación sobre la corrección del déficit español 

A partir de finales de octubre, acaba el plazo que dio Bruselas a España para adoptar las primeras medidas limitadoras del déficit, como parte del procedimiento sancionador comunitario por pasar el techo del 3% que establece el Pacto de Estabilidad. Una de las medidas que la CE examinará dentro de este paquete presupuestario será la subida de impuestos aprobada recientemente por el Gobierno. 

Según la normativa comunitaria España debe comenzar con la corrección del déficit en 2010, siempre y cuando la situación económica muestre signos de recuperación, de lo contrario, Bruselas propondrá nuevas medias y continuará por la senda del proceso sancionador. 

España registró en agosto un déficit de 60.340 millones de euros, cifra que revela que el déficit público se cuadriplicó en el último año. En términos porcentuales, el Estado español acumula un desequilibrio financiero del 5,7% del PIB. Por si fuera poco, las previsiones económicas apuntan que el déficit podría rozar el 10% del PIB para finales de año. 

Toca regular los impuestos medioambientales 

El desarrollo de la fiscalidad medioambiental es uno de los asuntos que también han discutido los ministros de Finanzas de la UE en la segunda jornada de la reunión informal celebrada en Gotemburgo (Suecia). 

La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha abogado por que la introducción de nuevos impuestos «verdes» se aplique, en su caso, de manera armonizada a nivel europeo. 

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión, Salgado explicó que los Veintisiete debatirán las experiencias de algunos países, como Suecia, donde ya existen ese tipo de gravámenes, o el proyecto francés para introducir una nueva tasa que gravará los productos y servicios por las emisiones contaminantes. 

Preguntada por los planes de España a este respecto, la vicepresidenta se mostró partidaria de esperar a los resultados de la cumbre de la ONU sobre cambio climático que tendrá lugar en diciembre, y en la que la comunidad internacional negociará un nuevo acuerdo de reducción de emisiones, así como métodos para financiar ese recorte. También señaló que «sería razonable» que las medidas que se adopten sean armonizadas a nivel europeo.

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Demasiada veces nos hemos lamentado los vendedores de la situación que padecemos.
Hemos presentado a los distribuidores y editores como malévolos explotadores que desprecian nuestra labor.
 

Sin que nadie se sienta ofendido esta actitud es un poco infantil y dice mucho de la pobre mentalidad empresarial que poseemos.
 

Las relaciones entre empresas se miden por su “Poder Negociador”, en el mundo de los negocios no existen malos y buenos eso lo podemos dejar para las películas de Hollywood y está claro que el poder negociador de un solo vendedor es irrisorio.
 

Con este desfase de poderes son lógicas las imposiciones que padecemos, los editores están cómodos ya que además de controlar el pvp están liberados de la presión de las distribuidoras al soportar el vendedor parte o la totalidad de los gastos de transporte, aparte de alejar tensiones sobre las comisiones al distribuidor ya que los distribuidores prefieren apoderarse de una parte de lo que en mi opinión correspondería al vendedor.
 

Con este sistema se dan paradojas curiosas y únicas en el comercio como puede ser que un cliente terminal pueda adquirir una publicación directamente de la editorial a un precio más reducido que el propio vendedor y por supuesto sin gasto de envío.
Este cliente terminal tiene pues más poder negociador que nosotros mismos.
 

Pero ¿Qué produce esta situación?, evidentemente la competencia y la falta de ella.
El cliente puede elegir a que revista suscribirse y esto hace que exista una tensión en el precio. Sin embargo el vendedor depende de las publicaciones y no puede elegir cuales venderá o no, ya que esta elección corresponde al cliente que es el que solicita el producto, tampoco a quien comprarla, ya se cuidan los editores y distribuidores de mantener este status quo.
 

Evidentemente mi intención con esta introducción no es aportar nada nuevo, a partir de esto ¿Qué nos queda por hacer para mejorar nuestro poder negociador?
 

Lo primero seria convencernos de que nuestra fuerza va a radicar en la unión.
 

La situación ventajosa de algunas plazas y vendedores hacen creer a estos que su “situación privilegiada” nunca va a cambiar, pero ciertamente a medida que avanza el Poder Negociador de los distribuidores-editores esto va a ir cambiando, por lo que entiendo que se puede aplicar el refrán de “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar..”.
 

Una vez que hemos conseguimos unirnos, ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance para potenciar nuestro poder negociador?
El conjunto editor-distribuidor piensa que la negociación no le va a reportar ninguna ventaja por lo que por lógica  si accede a negociar no podemos esperar otra táctica que la distracción, y los rodeos para llegar al mismo sitio que nos encontramos. Ya tenemos la experiencia de la negociación con las editoras de coleccionables que a supuesto una autentica burla y tomadura de pelo por el tema de la reducción del tamaño de los cartones.
 

Como decía las herramientas que se me ocurren pasan casi exclusivamente por la presión.
 

La primera vía pasa por igualar las condiciones de los vendedores al menos de la misma plaza, para ello el Art. 2 en su apartado d) es de una claridad meridiana y no permite el trato desigual para la misma prestación de servicio, como ejemplo de esto tenemos la sentencia de Hospitalet que obliga a Distribarna a igualar las comisiones a todos los vendedores precisamente apoyándose en esta ley de la competencia.
 

Los que pagamos portes tenemos en nuestras manos un arma poderosa, la misma que nos debilita. Claro que para ello tenemos que demostrar en primer lugar que lo que estamos pagando realmente son portes o gastos asociados al transporte de las publicaciones al punto de venta.
 

Al tener asociado un gasto a las publicaciones que nos distribuyen ningún tribunal debe obligarnos a recibirlas, lo contario es absurdo, de este modo podíamos listar un número de publicaciones sobre las cuales queremos que se nos transporte excluyendo de facto a las demás, lo que es diferente  a negarse a recibirlas lo que podría incurrir en quebrantamiento de la LDC.
-Si quiere señor distribuidor las  publicaciones fuera de la lista me las hace llegar pero eso sí por otro canal que no me suponga costes, esto es, aparte del reparto cotidiano y por supuesto sin cargos de transporte-.
Esto va a llevarnos a seguir vendiendo lo mismo pues elegiríamos las publicaciones más rentables dejando fuera las de menos interés, créanme que los editores se van a tirar al cuello de los distribuidores.
 

Evidentemente el distribuidor va a hacer caso omiso del llamamiento que debe tener carácter formal, craso error, pues nos va a llevar a demostrar ante los tribunales la falsedad del argumento de los distribuidores sobre los portes ya que demostraría ipso facto que el gran interesado en hacernos llegar estas publicaciones es el propio distribuidor evidentemente empujado por el editor.
 

Para el tema de los márgenes pienso que mancomunar vías de negociación bis a bis con los editores es lo más apropiado, es un tema en el que no debe participar el distribuidor y ningún tribunal puede dictar sentencias en contra del apoyo a una determinada publicación favoreciéndola, por ejemplo situando expositores en línea caliente o repartiendo dípticos que la publiciten.
 

Una línea incierta y peligrosa, que habríamos de dejar como último recurso es el de la asfixia publicitaria, haciendo ver al anunciante –supongo que sabéis como- que en la red existen graves problemas y que su inversión corre riesgo.