Las últimas noticias que tenemos de intervenciones en el Parlamento para tratar la problemática de nuestro sector datan de Diciembre de 2007. Más abajo te adjuntamos un resumen de la intervención que ya fue publicada y tratada en su día.
Respecto al tema de las Asociaciones de Málaga, sólo podemos decirte que efectivamente existe otra Asociación de la que sólo conocemos la dirigía la persona que tenía el kiosco (o tiene) junto al Carrefour los Patios. Desconocemos más detalles ya que nunca han contactado con nosotros y la única referencia que tenemos la facilitó nuestro Presidente tras una conversación telefónica con él. Sabemos que no hubo contactos posteriores ya que no tomaron ningún tipo de iniciativa. Nosotros hemos tenido dos Delegaciones. La primera en Torremolinos, pero nuestro Delegado se jubiló. Posteriormente creamos otra en Málaga, pero fue suspendida por decisión de una Junta Directiva por algunas irregularidades en la presentación de la misma como Asociación constituida sin estarlo, ya que era dependiente jurídicamente de nuestra Agrupación (AEGVPI) que al ser nacional puede tener Delegaciones legalmente constituidas en cualquier punto de la geografía española, con plena representatividad jurídica de los vendedores de prensa. Las otras Asociaciones que forman nuestra Agrupación Andaluza, no pueden actuar fuera del ámbito de la Comunidad Andaluza.
Toda la normativa sobre Asociaciones Andaluzas puedes consultarla en el BOJA núm. 126, de 3 de julio de 2006, página 10. También puedes realizar consultas sobre la existencia legal de Asociaciones en Andalucía a través de la Web de la Junta de Andalucía. Podemos adelantarte que con fecha de noviembre del 2009, no había ninguna asociación más de vendedores de prensa registrada legalmente en esa provincia.
Recomendarte que si alguien se presenta como representante de una Asociación exijas que se te entregue una copia de los Estatutos, sellada por el Registro de Asociaciones Andaluzas de tu provincia y el CIF acreditativo de estar registrada en Hacienda. Si detectas cualquier anomalía debes ponerla inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes o por lo menos en el de la Junta de Andalucía, para evitar fraudes.
Todos los datos relativos a nuestras Asociaciones los tienes en el correo que se te ha enviado. En el mismo puedes ver (y comprobar) los CIF de todas. Si deseas puedes consultar algunos estatutos en www.tiendadeprensa.com, aunque actualmente casi no está operativa ya que estamos trabajando en su remodelación. Un saludo y gracias por confiar en nosotros.
A continuación la exposición que te comentamos:
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Martes, 22 de noviembre de 2005
SOBRE LAS NORMAS REGULADORAS DE LOS VENDEDORES PROFESIONALES DE PRENSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000949.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto, del orden del día: proposición no de ley sobre las normas reguladoras de los vendedores profesionales de prensa. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, don Javier Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que derogue la Orden ministerial de 22 de abril de 1972, por la que se aprueban las normas reguladoras de los vendedores profesionales de prensa, y aborde en 6 meses una nueva normativa para el sector dentro del respeto a las reglas de mercado y a los principios de libre competencia.
Voy a intervenir con toda brevedad porque los grupos parlamentarios saben exactamente de qué estamos hablando. Todos los grupos estaremos de acuerdo en que esta orden ministerial está obsoleta. Como señalamos en la exposición de motivos, hay tres razones fundamentales por las que hay que modificar esta orden ministerial. En primer lugar, debe ser considerada derogada en todo cuanto se oponga a la Constitución y, en especial, en lo relativo al funcionamiento y competencia de las comisiones nacionales y provinciales. En segundo lugar, la Dirección General de Trabajo, organismo al que la orden ministerial remite para su aplicación, emitió un informe en 1978, por el que la consideraba derogada. En tercer lugar, el Tribunal de Defensa de la Competencia también considera dicha orden ministerial derogada e inoperante. SS. SS. Convendrán conmigo en que esta orden ministerial es, cuando menos, de dudosa vigencia legal. Sin embargo, y como saben muy bien SS. SS, se sigue utilizando como referencia para el sector, lo que es fuente permanente de problemas y motivo de tensión y litigios. Yo tengo aquí un informe, de COVE Press. (Confederación Española de Vendedores de Prensa), en el que se puede ver la cantidad de litigios que hay de posición de dominio, de situación de dependencia, de inexistencia de contrato escrito, de obligatoriedad de recepción de mercancía, sobre las fianzas, el contrato de suministro, suscripciones, apertura de punto de venta, etcétera. El Grupo Parlamentario Popular no va a insistir, en las razones del conflicto porque son suficientemente conocidas por ustedes. Este tema ya fue debatido con anterioridad y todos los grupos, coincidimos a la hora de explicar las circunstancias del sector, como queda recogido fielmente en el «Diario de sesiones». Señorías, no creo que sea necesario reproducir aquel debate. Mi grupo no incidirá en los aspectos negativos del sector, porque todos los grupos coincidimos en el diagnóstico, y de lo que se trata ahora es de alcanzar una solución.
No obstante me van a permitir que me detenga un minuto en recordar lo que aprobamos en aquel debate, que a mi juicio y a juicio de mi grupo estuvo lleno de sentido común y de ganas de arreglar el tema que hoy nos ocupa. Lo que aprobamos entonces, fue una transacción que ofreció el Grupo Popular que asumía dos enmiendas muy razonables del Grupo Parlamentario Socialista y de Convergencia i Unió. Entre todos alcanzamos un texto con una mayoría parlamentaria suficiente, se pudo comprobar en la votación correspondiente, donde no solamente hubo una mayoría cualificada sino la unanimidad. Pues bien, la transaccional que concitó la unanimidad de los grupos fue la siguiente, (me van a permitir que la lea porque tiene mucho interés): «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la realización de un estudio sobre las relaciones comerciales entre los distribuidores y los vendedores de prensa y revistas que clarifique la situación normativa actual y adaptarla, si procede, al régimen constitucional vigente teniendo en cuenta tanto las especiales circunstancias del sector como las competencias que en ese ámbito tengan las comunidades autónomas».
Señorías, el estudio que elaboró el Gobierno establecía con claridad que todos los grupos parlamentarios teníamos razón en nuestros planteamientos y que los problemas que habíamos señalado eran ciertos. Puso de manifiesto la existencia de un conflicto en el sector y el desorden normativo existente. Una vez constatado este hecho, deberíamos habernos movido y haber dado un paso adelante. Todos tenemos responsabilidad, unos más y otros menos, pero todos la tenemos, porque el texto tenía una segunda parte que hablaba de adaptar la normativa, si procede, al régimen constitucional vigente.
Efectivamente, procedía esa adaptación, que es, lo que estamos pidiendo a través de esta proposición no de ley. Pero no somos los únicos. Quiero resaltar aquí una proposición no de ley presentada por todos —y digo todos— los grupos parlamentarios del Principado de Asturias instando al Gobierno de la nación a que retome el desarrollo de una nueva normativa del sector que nos ocupa, lo cual es una nueva demostración del acuerdo que existe ante este problema. Por todas estas razones, quiero concluir solicitando el voto afirmativo para esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular con la esperanza de zanjar definitivamente este problema.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Eva Sáenz.
La señora SÁENZ ROYO: La materia sobre la que versa la proposición no de ley que presenta hoy el Partido Popular, como ha dicho su portavoz, no es desconocida, en esta Cámara. Plantea la necesidad de una regulación actualizada y adaptada a los principios constitucionales que permita solucionar la conflictividad hoy existente, sobre todo entre los editores y distribuidores con los vendedores de prensa y revistas. Voy a describir muy brevemente la problemática que, como digo, ha sido tratada detalladamente en esta Cámara y no es necesario detenerse en ella.
La evolución histórica de la prensa escrita y su conversión en medio de comunicación de masas ha supuesto el nacimiento de relaciones comerciales entre los diferentes agentes afectados: editores, distribuidores y vendedores.
Estas relaciones fueron reguladas en nuestro país por la Orden ministerial de 22 de abril de 1972. Con la aprobación de la Constitución española, la orden ha de considerarse derogada en todo cuanto se opone a la Constitución, y de modo inequívoco, en lo relativo al funcionamiento y competencia de las comisiones nacional y provinciales propias de la organización sindical del régimen franquista. En esta consideración, de norma derogada se ha pronunciado, como ya ha mencionado el portavoz del Partido Popular, la Dirección General de Trabajo, en su informe de 20 de junio de 1978 y el Tribunal de Defensa de la Competencia en sus distintas resoluciones. A pesar de todo ello, la ausencia de una regulación alternativa hace que la orden ministerial en cuestión siga utilizándose como referencia por los agentes del mercado para regular sus relaciones comerciales, relaciones marcadas por la posición de dominio de las empresas distribuidoras. Y es que desaparecidas por inconstitucionales las comisiones nacional y provinciales, en la práctica es el distribuidor el encargado de la organización del abastecimiento de ejemplares a los vendedores. Es la empresa distribuidora la encargada de la organización del suministro de cantidades, las rutas de reparto, devolución de invendidos, etcétera. Además, el distribuidor goza de exclusividad en su zona geográfica al carecer de competidor alguno, obligando así al vendedor de prensa a acudir irremediablemente a él para abastecerse de su fondo editorial. Esta posición de dominio de las distribuidoras ha generado en no pocas ocasiones prácticas abusivas, en la retribución de los vendedores a través de comisiones que varían en función del número de habitantes de la población, en el cobro de portes a los vendedores, en el cambio sin previo aviso de condiciones contractuales, en la imposición de fianzas y un largo etcétera. Esta sería brevemente la problemática de la proposición no de ley. Como decía al principio de mi intervención, esta problemática no es desconocida en el Congreso de los Diputados. De hecho, en el Pleno del Congreso de los Diputados, de 6 de octubre de 1998, época del Gobierno del Partido Popular, se aprobó por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Gobierno: a realizar un estudio sobre las relaciones comerciales entre los distribuidores y vendedores de prensa y revistas que clarificara la situación normativa, y adaptar esta situación, si procede, al régimen constitucional vigente. El Gobierno del Partido Popular hizo el estudio, pero no consideró procedente la adaptación normativa del sector ni el inicio de las negociaciones con las partes, así se deduce no solo de su falta de actuación en este ámbito, sino también de las respuestas escritas a sendas preguntas realizadas en 2000 y 2001, respectivamente, por dos diputados, Rodríguez Sánchez y Labordeta Subías. En sendas respuestas del Gobierno, publicadas en el «Diario de Sesiones» de 14 de septiembre de 2000 y 27 de abril de 2001, el Gobierno del Partido Popular entiende cumplida su obligación con la realización de un estudio y remite los casos de prácticas abusivas por parte de las distribuidoras a su correspondiente denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia. Hoy, el Partido Popular insta al Gobierno socialista a que haga lo que fue incapaz de realizar su Gobierno durante legislaturas, le insta a derogar la Orden ministerial de 1972 y a aprobar otra normativa en un plazo de 6 meses. O reconocen la incompetencia del Gobierno del Partido Popular para resolver un problema en 6 meses, o admiten que el asunto es más complejo como para que sea resuelto como se contempla en su proposición no de ley. Como lo importante es solucionar este problema y no aprobar una proposición no de ley de imposible cumplimiento por parte del Gobierno, tanto por la brevedad del plazo como porque el Gobierno no puede intervenir en este mercado de manera unilateral, presentamos una enmienda de sustitución que insta al Gobierno a impulsar el diálogo entre los intereses contrapuestos y a buscar un marco jurídico acorde con las reglas de mercado y la libre competencia.
El señor PRESIDENTE: Para aceptar o no la enmienda tiene la palabra el señor Darmendrail, por el Grupo Popular.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: En mi intervención anterior ya he dicho que asumía la responsabilidad que pudiésemos tener, pero todos debemos de asumirla.
En aquél debate, el Grupo Socialista dijo lo que dijo, y hoy se ha repetido el debate de 1998, pero tengan en cuenta lo que se aprobó y lo que se dijo al final. Convergencia i Unió fue más lejos todavía, y habló de buscar un marco de relaciones entre los intereses contrapuestos de los sectores para encontrar soluciones a los problemas. El Bloque estableció la finalidad de la…
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez Darmendrail, es un turno para decir si acepta o no la enmienda, no reabra S.S. el debate.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señor presidente, se han dicho muchas cosas sobre el tema y yo debo añadir alguna. Ya he dicho que asumimos la responsabilidad, pero queremos arreglar el problema. Señores del Grupo Socialista, yo tengo aquí —y con esto termino, señor presidente— un dossier que me ha dado la Confederación E
española de…
El señor PRESIDENTE: Señor Darmendrail, le voy a tener que dar la palabra a la portavoz del Grupo Socialista porque está reabriendo el debate. Este turno es para aceptar o no la enmienda. Si S.S. lo convierte en un turno de réplica, lógicamente el Grupo Socialista tendrá réplica, y entonces abrimos el debate. Hay una solución que S.S. diga si acepta o no la enmienda, y terminamos aquí la discusión.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señor presidente, a mí no me importa reabrir el turno. Si usted lo quiere, lo abrimos. Lo que quiero decir es que tenemos toda la responsabilidad que se le ha querido imputar al Partido Popular, pero en la Confederación Española de Vendedores de Prensa hay una proposición no de ley del
Partido Socialista, del año 2001, que no se sabe por qué no se tramitó, que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar en su totalidad la proposición no de ley aprobada el 6 de octubre de 1998 sobre las relaciones comerciales entre distribuidores y vendedores de prensa y revistas, y le insta a que en el menor tiempo posible y en un plazo no superior a 6 meses adapte la normativa actual al régimen constitucional vigente teniendo en cuenta tanto las especiales circunstancias del sector como las competencias que en este ámbito tengan las comunidades autónomas. Que nadie achaque al Partido Popular nada porque todos tenemos mucho que decir en esta materia. El Grupo Socialista tampoco hizo nada y no se le puede imputar nada al Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Socialista va a tener la palabra porque reiteradamente se ha incumplido lo que esta presidencia ha recomendado.
¿Se acepta o no la enmienda propuesta?
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: No la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: La señora Sáenz tiene la palabra en un breve turno de un minuto por las alusiones últimas.
La señora SÁENZ ROYO: El portavoz del Partido Popular ha dicho que la responsabilidad es de todos. Yo entiendo que la proposición no de ley es un instrumento
del Parlamento que insta al Gobierno, y en caso de incumplimiento la responsabilidad de éste y quien entonces estaba en el Gobierno, era el Partido Popular.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto –Coalición Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, y sucesivos, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que desea obtener respuesta por escrito:
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad en su sesión de fecha 8 de octubre de 1998, una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular transaccional a dos proposiciones no de ley presentadas inicialmente por ese mismo grupo y por el Grupo Parlamentario Socialista, la primera de éstas relativa a las relaciones entre distribuidores y vendedores de prensa y la segunda sobre actualización de la Orden Ministerial de 22 de abril de 1972, por la que se aprueban las normas reguladoras de los vendedores profesionales de prensa. La transacción aprobada dice lo siguiente: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la realización de un estudio sobre las relaciones comerciales entre los distribuidores y vendedores de prensa y revistas en el menor tiempo posible, y en todo caso antes de marzo de 1999, que clarifique la situación normativa actual y adaptarla, si procede, al régimen constitucional vigente, teniendo en cuenta tanto las especiales circunstancias del sector como las competencias que en este ámbito tengan las Comunidades Autónomas”.
Desde entonces, y tras diversas iniciativas parlamentarias remitidas al mismo efecto, la Cámara no ha conocido ninguna actuación gubernamental para dar cumplimiento a la citada resolución de su Pleno. A tenor de dicha situación:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno presentar un proyecto normativo que regule con eficacia el sector de la distribución y venta de prensa y revistas, o adoptar, en su defecto, otras medidas que solucionen la problemática jurídica y operativa que padecen los vendedores de prensa en el ámbito de su actividad profesional?
Congreso de los Diputados, a 19 de diciembre de 2007
Por la web: 1
www.vendedoresdeprensa.com